El Periódico De Aragón
El Gobierno de Aragón afronta demandas en las que empresas del sector de las ambulancias le reclamarán más de siete millones de euros en indemnizaciones después de que los tribunales hayan declarado en firme que la rescisión de los contratos por los que se encargaban del transporte sanitario no urgente fue irregular. La supresión de los contratos tuvo lugar en las dos anteriores legislaturas.
El Supremo resolvió la pasada primavera que el Gobierno de Aragón debe indemnizar con cinco millones de euros a Ambulancias Teruel --sociedad liderada por La Ambulancia Azul-- tras constatar que en el 2005 no debía haber concedido ese contrato para la provincia de Teruel a Ambuibérica --lo hizo en detrimento de la denunciante-- porque la adjudicataria no tenía suficientes vehículos para prestar el servicio. La contrata ascendía a 45 millones de euros a ejecutar en varios ejercicios.
Tras ganar el pleito, La Ambulancia Azul está tratando de ejecutar la sentencia --hasta ahora sin éxito-- para cobrar la indemnización.
La segunda reclamación, que asciende a 937.899 euros, fue registrada en la DGA el 8 de septiembre del año pasado. Ambulancias San Jorge, empresa del mismo grupo a la que el Gobierno de Aragón quitó el servicio de transporte sanitario no urgente en la provincia de Huesca en esa misma legislatura, no ha recibido ninguna respuesta cuando ya han pasado más de seis meses.
PLAZOS En este caso, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) como el Supremo declararon ilegal la resolución por la que la DGA rescindió el contrato, ya que la administración autonómica había rebasado los plazos permitidos para la tramitación del expediente.
Lo mismo ocurrió con la contrata de la provincia de Zaragoza, cuya concesión a La Ambulancia Azul anuló el Departamento de Salud, que también se incautó de la fianza de 183.405 euros que había depositado la empresa. "Debió acordar la caducidad del expediente y el archivo de las actuaciones", señalaron los jueces.
La reclamación de indemnización será superior a la de Huesca debido a que la cuantía del contrato era mayor: 25 millones en cuatro años.
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